¡ATENCIÓN, DERECHOS VULNERADOS!
Desde la publicación de la Orden Foral 700/2020 del 25 de
septiembre, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el nodía 30 de
septiembre, las personas usuarias de recursos residenciales y pisos con apoyos
han vuelto a ver sus derechos recortados.
Sin poder entender aún los motivos concretos de porqué se
han tomado estas nuevas medidas, tienen que asumir que no van a poder salir a
la calle sin acompañamiento. Seguramente la Diputación de Gipuzkoa creerá
que les está protegiendo, pero la realidad es que les está aislando de sus
amigos, de sus vecinos, de la sociedad, del mundo, de la vida. Se les niega su
derecho a vivir integrados como un ciudadano más en su comunidad.
Mientras las personas, con o sin discapacidad que vivimos en
domicilios particulares, estamos haciendo una vida ya con muy poquitas
renuncias (y muchas asumidas por decisión propia), las personas usuarias de
recursos residenciales ven limitados sus derechos una y otra vez. En lugar
de tratarles como ciudadanos adultos se toman medidas que recuerdan a modelos
ya superados. Modelos que infantilizaban la vida de las personas con
discapacidad y que les negaban su condición de ciudadanos plenos.
Han estado sin poder salir de sus centros de residencia
durante todo el estado de alarma, casi dos meses más que el resto de ciudadanos
de Gipuzkoa. Han tenido que ver a sus familiares con distancia y todo tipo de
restricciones, han visto limitadas en tiempo, actividad y espacio todas sus
salidas al exterior.
Desde la publicación de esta Orden ya no pueden salir solos
a la calle, nunca, aunque sean personas autogestoras. Sólo pueden salir con
"niñera", dos veces a la semana y durante una hora. No pueden salir a
comprar enseres personales porque no pueden ir a espacios cerrados, sus salidas
sólo pueden ser en exteriores, no pueden salir a comprar ropa, comida,
productos de aseo o farmacéuticos. Van a dejar de salir a la calle y de elegir
cómo quieren vivir y qué quieren consumir, van a dejar de ser personas
autodeterminadas. Van a volver a ser personas excluidas de la sociedad.
Sus derechos como ciudadanos se están viendo conculcados, se
les está encerrando con la excusa de tenerlos protegidos. Son personas adultas
que tienen que poder decidir sobre sus vidas y se les está negando.
Desde aquí creemos que se les está privando de sus derechos
conquistados, por los que han luchado durante muchos años y queremos ayudarles
a defenderlos. Tenemos que confiar en ellos, en que son personas
responsables, ciudadanos capaces, que han demostrado durante estos meses una
gran capacidad de sacrificio, pero no les podemos exigir más de lo necesario.
Como esta Orden Foral es definitiva sólo cabe el recurso
contencioso-administrativo en los juzgados, se ven condenados a acatar esta
norma que es lesiva para su calidad de vida, para sus derechos,
autodeterminación, desarrollo personal, inclusión social, relaciones
interpersonales, bienestar emocional y físico y que consideramos muy injusta.
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